La juez investiga una organización criminal en la adjudicación de viviendas de Emvicesa.

Digitales. La juez que instruye la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas municipales en Ceuta, en cuya primera fase fueron detenidos el exviceconsejero Antonio López, las Consejeras Rabea Mohamed y Susana Román y el diputado de la Asamblea Mohamed Alí, investiga entre otros delitos la participación de los investigados en una organización criminal, así como los supuestos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho, según han confirmado fuentes judiciales. La segunda fase de la operación, con ocho detenciones, se ha saldado con tres personas en prisión y cinco trabajadores municipales en libertad con cargos.

En total son ya 12 las personas detenidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en el marco de esta operación, que se inició el martes con el arresto del exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, y de las actuales responsables de Educación, Rabea Mohamed, y de Economía y Hacienda, Susana Román, así como de Mohamed Alí diputado por la Coalición Caballas. A excepción de López, enviado a prisión tras su paso por el juzgado, todos han quedado en libertad con cargos, al igual que cinco trabajadores de la empresa municipal de la vivienda de Ceuta, Emvicesa, centro de la supuesta trama. Asimismo, la juez de instrucción 1 de la ciudad autónoma ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de otros tres detenidos, un policía portuario, un trabajador de una naviera y un empleado de una sociedad municipal de consultoría de obras públicas.

Los agentes investigan la supuesta concesión irregular de varias promociones de viviendas de protección oficial, en total unos 317 inmuebles, para lo cual se exigieron mordidas. Durante la operación, que continúa bajo secreto de sumario, los agentes han registrado las dependencias de la Consejería de Asuntos Sociales. Las pesquisas se iniciaron en julio de 2015, cuando un ciudadano anónimo alertó de irregularidades en la adjudicación de 317 viviendas sociales de la promoción Loma Colmenar, dado que se estaban exigiendo cantidades por tener acceso a las viviendas. Los agentes, sin embargo, han puesto en el punto de mira otras adjudicaciones realizadas antes incluso de contar con el visto bueno de la comisión local de la vivienda, órgano en el que en esas fechas participaban todos los arrestados.

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